El Art. 6 de la Ley 13298, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños dice textualmente:
“Es deber del Estado para con los niños, asegurar con absoluta prioridad la realización de sus derechos sin discriminación alguna”
Sin embargo hoy desde todos los ámbitos, públicos y privados, estatal y de la sociedad civil, se escuchan voces que piden como una panacea, la baja de la edad de la imputabilidad de delitos para los niños/as, adolescentes de los 16 a los 14 años, sin más discusión, y vaya que hay mucho para discutir:
En primer lugar “Ningún Pibe Nace Chorro” y estos lo saben todos los que de una u otra forma están involucrado con la Niñez, lo que si se nace es con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), una obligación que todo Estado justo y democrático tiene que resolver y dar solución definitiva, permanente e integral.
En el caso de muchos de los niños/as, adolescentes que delinquen, vemos que desde que son engendrados no cuentan con esas Necesidades Básicas cubiertas mínimamente. Para el caso desde los organismos oficiales responderán, hay en funcionamiento un Plan de Asignación Universal por Hijo, que no es ni cerca universal, porque si nos remitimos a las estadísticas solo el 15% de los niños están incluidos en el Plan, por lo que hay otro 85% que no están incorporados, principalmente por problemas con los punteros políticos de los diversos conglomerados pobres del país. Sin contar que gran cantidad de esos niños vienen de varias generaciones, 3 ó más, de pobreza, indigencia, exclusión, indocumentados, son NN, lo que significa que son invisibilizados., por lo tanto no cuentan, tampoc,o para el Plan de Asignación Universal por Hijo.
De acuerdo a estadísticas privadas, un total de 11.890.000 niños a diciembre de 2009 en Argentina, tienen menos de 14 años y son pobres, casi el 41% del total; esto implica que existen 4.897.000 niños pobres de 14 años o menos en todo el país.
De estos niños, 1.397.000 son indigentes, 12% del total nacional de niños de 14 años o menos.
En un reciente relevamiento del Banco Mundial y su proyección por regiones geográficas, sobre pobreza en el país sobre la población total, considera que los niveles de pobreza e indigencia están aumentando respecto a la población en general, dada la gran extensión del tramo de 14 años o menos en el universo de la población bajo la línea de pobreza y que la escolarización de las madres está a su vez, inversamente correlacionado con el nivel de pobreza del hogar. (Fuente: Consultora EQUIS-INDEC), lo que resulta que a mayor pobreza, mayor analfabetismo.
En 2° lugar, en otro orden de cosas en al Art. 2 dice: “Quedan comprendidas en esta Ley, las personas desde su concepción hasta alcanzar los 18 años de edad, conforme lo determina la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando se menciona a los niños, quedan comprendidos en todos los casos, niños, niñas, las y los adolescentes”
Sin embargo los N.N., los indocumentados, los pobres, los indigentes y los excluidos no estarían alcanzados por este Art., ya que de serlo y cumplir con la Convención, incorporada en la Constitución Nacional como un derecho, toda política social incluiría a los más necesitados en su planificación.
Y en medio de todo esto, la sociedad civil y la prensa, que se debaten en la búsqueda de soluciones a la delincuencia juvenil, la única propuesta es bajar la edad de imputabilidad, impulsada desde el gobierno, para cubrir sus falencias en cuanto a la falta de políticas inclusivas de niñez.
Cuando como Nación hemos vivido y seguimos sufriendo las políticas neo-liberales, recetas del FMI, seguidas a pie juntillas por los gobernantes de las décadas del 80 y 90 y que aún hay vigentes muchas de sus consecuencias, expulsando del mercado del sistema capitalista a millones de familias, cerrando fuentes de trabajo, transformándolas en claras víctimas de un proceso de desigualdad sin precedentes que lleva más de 20 años de aplicación.
Y como siempre, cuando faltan ideas o coraje político para dar soluciones, se recurre al facilismo, llenando páginas de acusaciones y cruces por la baja de la edad de imputabilidad y al Estado que está obligado a cumplir con la Ley madre, en el Art. 14, que iguala a todos los ciudadanos ante la ley, quien le pide que cumpla?, si los representantes que votamos cada 4 años, están ocupados en sus intereses y proyectos personales, en lugar de cumplir la Misión con que fueron elegidos, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes de la Nación.
“Las garantías y respeto de los derechos fundamentales se sostienen a partir del desarrollo a mediano y a corto plazo de políticas económicas y sociales distributivas que se direccionen hacia la disminución de la pobreza y la indigencia de los niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, con programas de asistencia y contención que aborden con carácter de urgente los problemas graves que los afectan” (Inst. I. G. Germani. Fac. Ciencias Sociales U.B.A.)
Y al fallar el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Niñez, no solo decidiendo desviar los fondos necesarios para la instrumentación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y excusando su responsabilidad respecto de la falta de prevención y casi ningún abordaje de los verdaderos hatos de corrupción, (desarmaderos, venta y distribución de drogas, corrupción policial, política y judicial) que utilizan a los jóvenes y/o adolescentes para delinquir, se termina también abandonando a las Entidades de la sociedad civil, Escuela, Iglesia y Ong´S que se hacen cargo de sustituir al Estado en la atención primaria de esa niñez, con recortes presupuestarios de becas, no aumentando desde hace más de 2 años, ignorando el constante deterioro del salario y desconociendo que el valor de la beca en la actualidad no alcanza para cubrir las Necesidades Básicas de cada niño/a y adolescente que cuidamos en el ámbito de la Provincia de Bs. As., razón por la que más del 30% de los Hogares, Comedores y Centros de Día que daban dicha asistencia debieron dolorosamente cerrar sus puertas, excluyendo doblemente a muchos niños/as y adolescentes y dejando a cientos de familias sin trabajo; ó sea excluyendo del sistema a más niños/as, adolescentes y sus familias, muchos de los cuales son empujados a delinquir por la grave exclusión de la que son objeto.
Por lo tanto lo expuesto nos lleva a la reflexión inevitable, solo es necesario “querer” además de “decir”, para que lo que tanto se declama, se vea concretado en acciones con objetivos claros, para darles a los niños/as y adolescentes las herramientas y opciones que como ciudadanos y sujetos de derechos, se merecen y por ley les corresponde. El Estado tiene la palabra…
