Si en algo estamos de acuerdo es que hace falta una discusión sobre las políticas de niñez , pero cuando no haya ni campañas políticas, no ningún hecho que ponga en el tapete si un chico de 14 años es imputable o no, esta discusión, como casi todo en lo referente a los chicos, se da cuando pasa algo grave , luego el olvido, tomemos por ejemplo las adolescentes embarazadas, el Paco y los chicos, la delincuencia juvenil, el trabajo infantil, la explotación sexual, la deserción escolar, la violencia escolar, podríamos dar un ejemplo de cada tema y transcribir todas las opiniones de los “opinologos” de turno, sus conclusiones y de lo que quedó después de esos valiosos aportes, les aseguro que nada, nada solo opiniones mientras la tele, la radio, los diarios hablaban del tema, ahora mismo se ven dos legisladoras, (una rubia y una morocha) corriendo de un canal a otro opinando y diciendo de sus proyectos y de sus trabajos durante años sobre la delincuencia juvenil, alabándose la una a la otra e incluso si hay otro legislador de otro partido, primero se alaban uno a los otros diciéndose que se conocen, que conocen su forma de trabajar incasable, y que se yo cuantos más halagos, y todos coinciden en los mismo que desde hace mucho tiempo viene trabajando en el tema y la pregunta es que paso, que no se ven los resultados de sus trabajos, ya es hora de discutir si de discutir porque hay hoy en día chicos que tienen hambre, porque e hay chicos que tienen que dejar de estudiar para salir a trabajar, porque sus padres no tiene un trabajo digno, porque el chico entra en la droga o el alcohol como un medio de escape, primero sin darse cuenta que cae e n una trampa mortal. Lo que si se sabe que los adultos que hacen negociados con los chicos, no son arrestados, porque se sabe que los chicos son utilizados para delinquir y si en vez de pensar que si un chico a los 14 o 16 años tiene que estar encerrado, no ponemos presos a aquellos que les compran los celulares, los que les venden el paco, las ferretería que les facilitan el pegamento, etc. Me parece muy poco serio poner en discusión sobre la niñez solo cuando hay un hecho delictivo, eso demuestra una gran falta de políticas en cuanto a la defensa de los chicos y sus derechos, es más para mi es una falta de respeto y es como una gran vulneración estatal y masiva .
A continuación algunas de las opiniones :
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Nuestro Gobernador dijo: "la problemática de los menores es un debate profundo del que entiendo que llegó el momento de dar, ya sea a nivel Provincial como a nivel del Parlamento nacional con respecto a la imputabilidad de los menores".
"Van a tener ustedes información comparativa cómo en países de la región, en el caso inclusive de países del MERCOSUR, como es el caso de Paraguay, Uruguay, Brasil han replanteado estas políticas y también cómo el Estado tiene que ir generando las condiciones para que se llegue antes a partir de la política de la prevención y ahí la herramienta es la educación, las mejoras del espacio público y la creación de empleo como mejor política social".
El Ministro de justica Ricardo Casal dijo: "hay más de 14 proyectos con estado parlamentario a nivel nacional que tratan el tema de imputabilidad de los menores. Este gobierno pretende discutir y mantener ese debate a nivel nacional desde la Provincia con nuestros legisladores, fundamentalmente para aquellos menores con delitos graves, que son aquellos que la sociedad está reclamando mayor atención".
El ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt dijo : “¿Puede usted bajar el desamparo, la exclusión social, el hambre, el desempleo, la miseria? Baje eso y después le voy a contestar yo sobre la baja de la edad”. “Es necesario que el Congreso se ocupe profundamente como una política de Estado de la situación de los menores. Visiten ustedes, los medios –dijo dirigiéndose a los periodistas–, los establecimientos de detención de menores. Tendrán vergüenza, pero háganlo. Dejen a los jueces tranquilos”,
El diputado provincial Guido Lorenzino dijo: “es imprescindible reformular el código penal y contemplar una legislación acorde a la realidad que está padeciendo la sociedad, producto de un vacío legal existente para los delitos graves que cometen los menores”, señaló.“El gobernador Sciolí -continuó Lorenzino- planteó hace nueve meses la necesidad de bajar la edad de la inimputabilidad de los menores. El código penal en la actualidad carece de leyes adecuadas para proteger a la gran mayoría de los ciudadanos honestos y trabajadores de una delincuencia cada vez más irracional y violenta”.
Para el legislador, “es la hora de que el Congreso nacional acelere la reforma del Código Penal y permita juzgar con toda la fuerza a aquellos jóvenes de 14 años que cometan delitos aberrantes como el de Valentín Alsina”. Según Lorenzino, “el debate ya está agotado y la realidad supera cualquier posición ideológica. Hay una coincidencia en los distintos estamentos políticos y jurídicos que la legislación actual debe ser modificada. Lo planteó el gobernador y jueces garantistas como Zaffaroni. Pero si no avanzamos en una reforma del Código Penal, corremos el riesgo de que las instituciones sean más funcionales al problema que a la solución”.
Rolando Gialdino escribió en pagina 12 :Con una frecuencia que semeja a la de ciertas catástrofes de la naturaleza, nuevamente azota al universo de los niños la tormenta de la reducción de la edad mínima de imputabilidad penal. La mano de la legalidad democrática reduciría a 14 años lo que la garra de la última dictadura puso en 16. Todo ello, por cierto, a despecho de la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional, y de su intérprete más autorizado en el plano universal, el Comité de los Derechos del Niño, para el que, por un lado, la edad de 16 resulta “encomiable” y, por el otro, la fijación de un “nivel alto” al respecto contribuye a que el sistema de la Justicia de menores, de conformidad con el art. 40.3.b y 4 de dicha Convención, trate a los niños que tienen conflictos con la Justicia sin recurrir a procedimientos judiciales ni a sanciones penales, aunque con respeto pleno de los derechos humanos y las garantías del debido proceso (Observación General N 10, 2007). Todo ello, también, con prescindencia de estudio o fundamento alguno que se haga cargo, seria y sinceramente, del “dato óntico”, de la “observación elemental”, por emplear palabras de la Corte Suprema (Maldonado, 7-12-2005), sobre el grado de “inmadurez” emocional de los niños de 14, futuros beneficiarios de la protección que les brindarán las citadas sanciones y los acomodados lugares de su cumplimiento. El trance muestra, sin rebozos, que el deber ser, la norma, pretende abandonar el imprescindible seguimiento del ser de su sujeto, el niño en tanto que niño, para encolumnarse tras el fantasma de éste, embellecido con máscara y guadaña: el niño en tanto que peligroso. La ontología, en suma, se vuelve un fruto del accidente y de lo contingente, al paso que la legalidad se nutre de esos cambiantes néctares. Bueno y oportuno será, por ende, sumar a lo antedicho una más que reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (27-1-2009), que les recuerda a los Estados algunas obligaciones que han asumido frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos: los niños, además de “titulares de derechos”, deben ser “objeto de protección”, y ello, sólo mediante “medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño”, atento a su “condición de vulnerabilidad” y a su “derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece”. Bienvenida, entonces, una necesaria reforma legal tendiente a la “protección integral” del niño en conflicto con la ley penal, superadora de la anacrónica y falsa doctrina de la “situación irregular” que hacía de aquél un sujeto pasivo e incompetente. Mas que ello no sea la capa que encubra al mentado fantasma, y se disminuya la edad de imputabilidad, lo cual, además, es cuestión independiente de la anterior. Tal como lo ha expresado nuestra Corte Suprema, no faltan casos, aunque constitucionalmente prohibidos, de “evolución reaccionaria” (Aquino, 21-9-2004).
Sandra Russo escribió: Hace catorce años, cuando nacían los chicos que hoy para muchos, incluso y especialmente para el gobernador Scioli, deberían ser imputables, nosotros éramos como sociedad todo eso: un amasijo de jodidos y confundidos y sobornados por la fiebre del electrodoméstico y el viaje a Miami. Y esa generación que se acopló a la vida en esos años, en su amplia mayoría, estaría destinada al paco, al cartón, al plan, al tetra, al limpiaparabrisas, al arrebato o al crimen. Fue un acto de cobardía no ver entero el modelo que se estaba sembrando: de él iban a brotar, por la lógica de su propia genética, sectores con muchos bienes acumulados y sectores sin nada que perder. Una sociedad mínimamente civilizada debería preocuparse siempre de que absolutamente todos sus miembros tengan algo que perder. Comida, trabajo, salud, educación. Son los cuatro jinetes de algo así como la seguridad. Si los esfuerzos colectivos a través del Estado se aunaran para que la comida, el trabajo, la salud y la educación llegaran a todos los rincones del país en dosis aceptables, es muy probable que el efecto colateral de esa política sería algo así como la seguridad. Digo “algo así” porque el delito no es extirpable de ningún modelo, pero es bastante claro que si las necesidades básicas de todos los habitantes de este país fueran cubiertas, habría muchos menos pibes rifando sus vidas o cegando otras. Pienso en los chicos pobres de catorce años, en el relato social que meció su infancia, en historias de vida que cualquiera conoce y que enloquecerían a cualquier vecino de Palermo Freud. Pienso en las pérdidas que todo chico pobre de catorce años tiene que elaborar. Pérdidas que ni siquiera pueden pensarse como tales, con el dolor que implica perder. Los pibes pobres de catorce años perdieron antes de nacer casi todos los derechos que los haría sujetos sociales responsables: el derecho a la vivienda, al alimento, a la escuela. Nada de eso los esperaba como esperaba el amoroso cuarto preparado la llegada del bebé de clase media. La idea misma de bebé ha sido susceptible de divisiones clasistas, en esta sociedad hipócrita e hiperclasista: el bebé de la lavandina, ese que tiene una mamá que usa productos especiales para desinfectar los juguetes y que siempre tiene en la heladera postrecitos con calcio y hierro, y el bebé que carga la señora en el semáforo, el bebé del soborno emocional, el bebé prestado, el que pretende conmover y provoca rechazo. Ese bebé es sólo visto como un fruto de la promiscuidad de los pobres o como una herramienta para la limosna. Uno es el bebé que quizá ya tenga o vaya a tener un hermanito, y el otro es el bebé que la mirada social juzga “de más”, como si algunas mujeres parieran hijos y otras parieran apenas más bocas que alimentar. Uno es el bebé producto del amor de sus padres, y el otro es el producto de un apareamiento. Los pibes pobres de catorce años han sido bebés del segundo tipo. No es después de un asalto o de un crimen que esta sociedad debería pensar en ellos. Es antes. Pensar en ellos como acreedores nerviosos. Pensar en ellos como los otros que podrían ser hoy si la vida los hubiese recibido con el saludo mullido de las oportunidades. Reflexionar sobre la adolescencia pobre sólo después de un asalto o un crimen es un latigazo más sobre sus lomos.
Lo peor es que ellos no esperan otra cosa.
Roberto Gargarella profesor de derecho constitucional de la UBA expresa, en el diario clarín:
“Se exige mayor violencia del Estado en nombre de lo que se considera la voluntad mayoritaria y democrática. Pero tomar en serio lo que quiere "la gente" no debería llevar a dar autoridad a los reclamos de sus repentinos voceros o profetas. Ocultos detrás de lo que se presenta como el sentir democrático de la sociedad, los defensores del endurecimiento penal consiguen así un doble objetivo. Por un lado, ellos se resguardan frente a las críticas dirigidas contra sus propuestas (como si ellos no fueran quienes exigen mayor violencia estatal, sino sólo los voceros de un reclamo colectivo). Por otro lado, dotan a sus polémicas exigencias de un halo de irreprochabilidad, frente a las voces de sus opositores: nadie se siente cómodo hablando en contra de (lo quese presenta como) las demandas democráticas de la comunidad.”
“Uno de los principales dramas de la Argentina contemporánea tiene que ver, justamente, con la negación de la palabra a secciones enteras de la comunidad. Tomar en serio lo que quiere "la gente," en materia penal por ejemplo, debiera llevarnos a recuperar -con urgencia- las voces no escuchadas y silenciadas, antes que a dar
autoridad a los reclamos de sus repentinos voceros o profetas.”
En el diario Digital NOTIFE.com publicó: Los sectores que piden mano dura y los “progresistas” coinciden: que la juventud de los sectores más pobres ingresen “legalizados” al sistema penal a una edad más temprana, lo que significa que aún reconociéndoles las máximas garantías procesales, la respuesta a la situación de desamparo y de falta de futuro de la juventud, es la violencia estatal por la vía del sistema penal y el encarcelamiento. Lo primero que es necesario develar es que en nuestro país existen miles de niños criminalizados, institucionalizados Por eso aún encubiertos de las “garantías” y la “democracia de la igualdad” lo que se quiere es encarcelar a los chicos a más temprana edad. Así se legitima y legaliza, con un discurso “democrático”, con los principios de igualdad ante la ley, y la idea de “sujetos libres e iguales”, la mayor de las desigualdades e injusticias que es la expulsión de miles de jóvenes de sistema educativo y del trabajo.
Nuevas cárceles, leyes más duras. Nada funciona, sin un reparto equitativo de la riqueza. La ausencia de programas sociales para atender la dramática situación de los jóvenes. no hace otra cosa que criminalizar la pobreza y fortalecer el estado penal. Estigmatizar a los menores como delincuentes y no tomar medidas contra la desigualdad es peligroso. Genera más violencia
No obstante, es indudable que se necesita un sistema penal juvenil, pero ello no requiere bajar la edad de imputabilidad.
Nils Kasberg, director regional de UNICEF para América Latina opina que el intento de bajar la edad de imputabilidad es una medida demagógica e indecente. Es experto en infancia y exclusión social. Vino al país alarmado por la discusión sobre la nueva ley penal juvenil. Con datos, argumentos y experiencias internacionales explicó por qué no sirve penalizar a los niños. Y detalla la postura de Unicef sobre el tema. “Políticas integrales. Si un chico de 14 años mata a alguien, tiene que haber habido todo un sistema de adultos que no funcionó y otro sistema de adultos que se aprovechó de él. A veces, estamos frente a la segunda o tercera generación de chicos que se han criado sin valores, sin afecto, sin amor. Me encontré con un chico en República Dominicana en un centro para niños de la calle, donde podían ir durante el día para recibir algo de educación, en las horas en que no estaban vendiendo algo. Ese chico me cuenta que la primera vez que recibió un abrazo en su vida fue en ese centro, a los 12 años. El punto de partida en este debate no tiene que ser adultocéntrico, particularmente si sabemos que, en nuestra región, 80 mil chicos mueren por violencia intrafamiliar cada año y en la mayor parte de los casos, con impunidad.”
“ Los funcionarios son los empleados que el ciudadano paga para ser la victima de su insolente vejación”
Pitrigilli
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